El 1 de julio de 2026 no es solo una fecha en el calendario. Es una cuenta regresiva.

La próxima semana —a partir del lunes 25— arranca en Ciudad de México la primera ronda oficial bilateral de revisión del T-MEC. Cuarenta y un días separan ese minuto cero del momento en que los tres socios deberán presentar por escrito, ante el Consejo Ministerial del tratado, su decisión sobre el futuro del acuerdo: renovarlo, ajustarlo o dejarlo morir de incertidumbre.

El marco legal es preciso e inamovible. El Artículo 34.7 del T-MEC obliga a México, Estados Unidos y Canadá a reunirse formalmente en esa fecha. Si los tres alcanzan un consenso, el acuerdo se extenderá 16 años más, hasta 2042. Si no lo hay, el tratado no muere sino que entra en revisiones anuales durante una década, hasta su expiración definitiva en 2036. Para México, ese verdadero limbo sería el peor escenario posible porque paralizaría la inversión, haría que la negociación fuera perpetua y la presión de Trump o de sus sucesores, sean republicanos o demócratas, sería una realidad permanente.

Los números explican por qué ningúno de los tres países puede darse el lujo de romper el tratado. Las exportaciones mexicanas a EU alcanzaron en 2025 un máximo histórico de 534,874 millones de dólares. El intercambio bilateral anual total supera los 840,000 millones. México es el primer socio comercial de EU por tercer año consecutivo, con el 16.6% de su comercio total, por encima de Canadá y de una China relegada al cuarto lugar. El dato que Trump ignora: el 40% de cada dólar que México exporta contiene insumos de origen estadounidense. Gravar a México es, en buena medida, gravarse a sí mismos.

Sin embargo, la asimetría es brutal. El 80% de las exportaciones mexicanas van al norte. Para Washington, México es apenas uno entre varios mercados.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza la delegación mexicana en una mesa de seis frentes simultáneos: energía, donde EU exige apertura y México responde con soberanía, sector automotriz, agricultura, derechos laborales, política industrial frente a China y aranceles, la sombra que lo cubre todo. Jamieson Greer, el representante comercial de EU, no dejó lugar a dudas cuando advirtió a empresarios mexicanos que los aranceles de Trump "llegaron para quedarse" y no se eliminarán como resultado de la revisión del T-MEC.

La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es deliberadamente técnica: "revisión, no renegociación", evitar la confrontación verbal con Trump, mantener canales abiertos y dejar que los equipos negocien en mesas sectoriales. Según fuentes estadounidenses y canadienses, México ya alcanzó acuerdos preliminares en diciembre, lo que lo posiciona mejor de lo que sugiere el discurso público. La propia presidenta lo reconoce implícitamente: el objetivo para el 1 de julio no es un acuerdo cerrado, sino “anunciar que vamos bien” y dejar claro qué falta por avanzar.

México llega a esta mesa con una recesión técnica encima, contracción del 0.8% del PIB en el primer trimestre de 2026, y sin margen para más incertidumbre. Cuarenta y un días para definir el futuro de un tratado que vale 840,000 millones de dólares al año. Y del otro lado de la mesa, un negociador que usa la incertidumbre como su principal instrumento.

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