"La Unión Europea ha estado con el pueblo guatemalteco desde los Acuerdos de Paz de 1996. Y, recientemente, ha respondido a la voluntad de transformación democrática de su país mediante diferentes instrumentos: el despliegue de la Misión de Observación Electoral en 2023; la adopción de medidas restrictivas específicas contra quienes socavan la democracia y el Estado de derecho", declaró esta semana Antonio Costa, el presidente del Consejo de la Unión Europea, después de su encuentro en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo.

Efectivamente, después de que en 2023 la Misión de Observación Electoral de la UE acompañara el proceso y verificara la limpieza de los resultados, los intentos de la fiscalía general para impedir la toma de posesión del presidente elegido democráticamente por la mayoría de los guatemaltecos llevaron a la UE a imponer sanciones personalizadas contra ocho personas. Entre ellas, a la entonces fiscal general, Consuelo Porras.

"Definitivamente, las sanciones internacionales contra la exfiscal general de Guatemala y contra otros funcionarios cercanos a ella, representaron un mensaje político fuerte de la UE y la comunidad internacional contra las arbitrariedades que se cometieron en el proceso electoral de 2023", comenta a DW Denis Martínez, director de Impunity Watch en Centroamérica. Asimismo, "las sanciones contra la Fundación contra el Terrorismo han sido importantes para evidenciar sus arbitrariedades y condenar la forma que ha instrumentalizado el sistema penal y las redes sociales para atacar a personas honestas", afirma Denis Martínez.

¿De qué sanciones se trata? A diferencia de las medidas económicas generalizadas de Estados Unidos, las que puede imponer la UE, según información oficial, no son punitivas: intentan generar cambios en políticas o conductas con el objetivo de proteger valores democráticos y los intereses fundamentales de la UE.

¿En qué consisten las sanciones individualizadas? Prohibición de entrar a territorio comunitario y congelación de activos. En el caso guatemalteco, Consuelo Porras, desde esta semana exfiscal general, tiene prohibición de entrada a territorio de la UE por "socavar la democracia".

La pregunta que se plantea en este momento es: si ya no ocupa el cargo desde donde operaba en contra de los valores fundamentales de un Estado de derecho, ¿se levantan las sanciones? Según fuentes europeas, son los jefes de Estado y de Gobierno, por unanimidad, los que deciden. La revisión de estas sanciones es anual y tienen que ver con la persona, no con el cargo.

Como fuere, hay que recordar que, en el país centroamericano, a las sanciones siguió el acompañamiento europeo de los procesos de nombramiento de autoridades electorales y judiciales. Y el llamado "pacto de corruptos" lo tuvo más difícil para imponer a sus adeptos.

Este acompañamiento prolongado no se ha dado en todos los casos. En Nicaragua, que tiene sanciones desde 2019, "hasta ahora han representado un mensaje de censura política y han contribuido al aislamiento de la dictadura", explica a DW Enrique Sáenz, analista económico y activista nicaragüense. "Sin embargo, como no se han inscrito en una estrategia con objetivos y pasos definidos, el impacto ha sido más episódico que real", agrega.

Otro de los países donde hay personas sancionadas por Bruselas es Venezuela. "Las sanciones europeas, evidentemente, son menores en comparación con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, pero les duelen a los individuos afectados. Aunque no tanto, por lo visto, como para hacerles cambiar de comportamiento", comenta desde Caracas a DW Phil Gunson, analista del think tank Crisis Group. Hay que recordar que la lista de sancionados, que se emitió en noviembre de 2017, no ha dejado de crecer. Para el levantamiento de sanciones, una de las condiciones que pone el Consejo —los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE— es la liberación de los presos políticos.

No obstante, hay excepciones. Cabe recordar que, en el preámbulo de las elecciones de 2024, para dar una señal de buena voluntad, Bruselas prorrogó solamente seis meses las sanciones. Los acontecimientos posteriores dejaron claro que, en Caracas, en realidad, no había intención de retomar los cauces democráticos.

Por otro lado, ya en julio de 2023, las autoridades belgas habían hecho una excepción con Delcy Rodríguez, en ese momento ministra de Asuntos Exteriores, para que pudiese entrar a territorio europeo con el fin de participar en la Cumbre UE-CELAC. En mayo de 2026, ya como presidenta en funciones, pudo acudir a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, por el litigio que enfrenta a Venezuela con Guyana. También, para la Cumbre Iberoamericana que se celebra en noviembre de 2026, la presidenta en funciones podría viajar a Madrid.

El "caso Delcy" va un poco más allá: desde la Ley de Amnistía —y la liberación de presos políticos— se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de levantar las sanciones solo a la presidenta. "Con el argumento de que hay que reconocer los cambios e impulsar la transición, ciertamente hay presión para que las sanciones a Delcy Rodríguez se levanten", añade Phil Gunson.

"A mi juicio, sería prematuro, ya que no se perciben aún los cambios irreversibles que uno querría ver para sentir que, de verdad, vamos hacia una transición democrática", puntualiza.

Por último, ¿qué efecto han tenido las sanciones a Haití? Aquí hay que tener presente que las recientes medidas europeas contra tres líderes de bandas criminales se suman a las impuestas por la ONU en 2022, que incluyen embargo de armas. A pesar de ello, el armamento sigue llegando ilegalmente al golpeado país caribeño y, aunque hay expolíticos sancionados, élites no democráticas siguen controlando la isla y la crisis persiste.

Entonces, ¿en dónde estaría la clave para que las sanciones surtan más efecto? Cada caso es diferente, no obstante, "la lucha por el restablecimiento de la democracia y por el respeto a los derechos humanos frente a una dictadura requiere una estrategia definida, claridad de objetivos y persistencia", comenta Enrique Sáenz para el caso de Nicaragua. Y, aunque en el caso de Haití no se trata necesariamente de una dictadura, "se requiere, en lo posible, concertación con otros actores", concluye.

(ms)