RFI: Se trata de una demanda civil ante un Tribunal de los Estados Unidos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. En virtud de una ley de protección a las víctimas de tortura. ¿Por qué se deciden a presentar este tipo de demanda en Estados Unidos? ¿Y en qué consiste justamente la demanda?

Michael Reed Hurtado: Este tipo de demanda responde a un recurso que existe en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es la posibilidad de buscar justicia por eventos que han acontecido por fuera del territorio de Estados Unidos, cuando el nivel de gravedad y el tipo de evento está cobijado por una noción de extraterritorialidad. En este caso se trata de torturas y de ejecuciones extrajudiciales u homicidios intencionales que han acontecido por fuera del territorio de Estados Unidos. Pero la ley permite utilizar esta figura de responsabilidad civil.

En este momento cinco familias venezolanas, han optado por recurrir a este tipo de mecanismo para demandar la responsabilidad de quien fuere presidente en ese momento, argumentando en efecto con nuestra representación y la de una firma de abogados asociados que en este caso el demandado ejercía control y comando sobre una fuerza de seguridad particular dentro de la Policía Nacional bolivariana, que son las FAES y que cometieron una serie de asesinatos de maneras sistemáticas que presentaban como muertes por resistencia a la autoridad, pero que en efecto, en muchos casos se escondían ejecuciones predeterminadas para alimentar un conteo de cuerpos con el cual se registraba el éxito de la lucha contra la criminalidad en varios cascos y en varios centros urbanos de Venezuela.

RFI: Abogado, usted habla justamente de esta demanda presentada contra Maduro, como la persona detrás de estas fuerzas de acciones especiales, ¿como presidente en ese momento? y ¿quiénes son estas cinco familias que demandan?

Michael Reed Hurtado: Insistiría que aquí la responsabilidad de Maduro no es solo por ser presidente. En efecto, se argumenta el comando y el control. Recuerden que Maduro es quién activa la fuerza de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana en el 2017. En este momento plantea que es una fuerza que viene a sumarse al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo en Venezuela. Insiste en que se trata de un grupo que tira el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen. Sin embargo, estas fuerzas activadas, una fuerza élite táctica, inmediatamente opera de manera anonimizada y rápidamente muestra que su letalidad es arbitraria. De tal manera que organismos internacionales, incluyendo la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, denuncia la existencia de una serie de ejecuciones en el marco de acción de esta fuerza en particular y sin embargo, en este momento, aún sabiendo y teniendo noticias de lo que estaba pasando, Maduro además respalda la actuación de las FAES y sigue adelante con este tipo de ejercicio.

Entonces, insistiría en que no es sólo un tema jerárquico de ser presidente, sino que hay en efecto, un tema de comando y control de todas las fuerzas.

Ahora, en relación con su pregunta sobre las familias, se trata de un de un grupo de personas que han reclamado justicia durante muchos años. Esta manifestación de Justicia y esta demanda de Justicia, es uno de los pasos que estas familias han dado desde hace años, casi una década para reclamar la muerte injusta de sus familiares. Se trata en general de personas pobres marginales, la muerte sistemática de jóvenes venezolanos empezó a registrarse desde el 2015 2016 2017 y fue incrementando justo en el 2017 la misma autoridad venezolana reporta que hay casi 5000 muertes por resistencia a la autoridad. Desde ese momento, la letalidad ya hace parte de la acción policial interna y ya demuestra unos niveles altísimos a las personas que estaban siendo asesinadas acá presentan un cuadro de discriminación extremo, por pobreza, por juventud, por marginalidad. Era común utilizar nombres como los choros o negros que eran los muertos, los pandilleros, los bandidos y es como si se estuviera creando una especie de sub-humano matable en donde ni siquiera se podía reclamar justicia porque se ponía en duda a la persona, se le hacía culpable y por lo tanto ejecutable. Estas personas están reclamando por la muerte de sus seres queridos, están reclamando por la muerte de jóvenes, todos ellos viviendo en zonas marginales y pobres de diferentes sitios de Venezuela. Por lo general cuadros urbanos.

RFI: Maduro ya tiene un juicio en Estados Unidos por asociación narcoterrorista, son los cargos que se le han presentado. ¿Cómo va a ser el proceso legal con esta demanda que ustedes han hecho?. Son dos procesos distintos.

Michael Reed-Hurtado: Es justamente en paralelo, son dos procesos distintos, no debe afectar el uno al otro. Maduro está respondiendo por unos cargos penales que le han formulado y él debe defenderse frente a sus cargos penales. En este caso esto es una demanda civil. No toca nada con la causa penal. Es justamente un ejercicio de unos ciudadanos representados por nosotros y por nuestros socios.

RFI: La violencia estatal ejercida por el régimen de Maduro ha sido compleja de tratar en la misma Venezuela, dada las circunstancias en las que se encuentra el País y en la que se encontraba también antes de la intervención de Estados Unidos. ¿Usted cree que esta demanda que ustedes han presentado puede servir justamente para canalizar esa necesidad de que se revisen esos casos y la queja de familiares que llevan mucho tiempo esperando una demanda como esta?

Michael Reed-Hurtado: Indudablemente esta es una demanda que busca visibilizar una de las cuerdas de esa violencia y quizá es una de las más ignoradas, en parte por quiénes son las víctimas y quiénes han sido las víctimas. Yo creo que el país y El mundo ha estado muy atento de lo que es la violencia dirigida contra opositores políticos, contra marchantes, en manifestaciones y demás. Yo creo que esa es la historia que más se conoce. Esta demanda está ligada a otro tipo de dinámica, es una demanda que trata de focalizarse sobre un patrón sistemático en donde las fuerzas de seguridad a partir del 2015 y visiblemente desde el 2016 17 empieza a adquirir la letalidad absoluta centralidad en la lucha contra diferentes formas de criminalidad en Venezuela y particularmente en contextos urbanos. Es en ese contexto en donde además empieza para la época el ministro del Interior y de Justicia a visibilizar lo que ellos llamaron las muertes por resistencia a la autoridad. Y nuevamente los números en Venezuela son como pocos que hayamos visto en el mundo. Se trata de una tasa de letalidad elevadísima en proporción con la de Brasil, muchísimo más grande y en proporción, por ejemplo, con la colombiana, en donde hubo falsos positivos en el contexto del conflicto armado. ¿Usted recordará que en los puntos más altos del reclamo de éxitos por parte del Ejército colombiano se estaba hablando alrededor de 2200 por año? Pues resulta que en Venezuela ese número de muerte por resistencia a la autoridad sin conflicto armado sencilla y un país mucho más pequeño que Colombia, reporta más de 5000 muertes en algún momento por año, por resistencia a la autoridad.

Esto quiere decir que se está focalizando sobre un tipo de muerte que va mucho más dirigido a control social y a anular a ciertos grupos en donde hay mucha criminalidad involucrada y en donde son muchas las fuerzas que se involucran. Ahí está involucrada la Guardia Nacional bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana. En sus diferentes expresiones, las diferentes policías estatales y municipales y también el CICPC. Esta demanda en particular, solo se focaliza sobre un cuerpo táctico de la Policía Nacional bolivariana entre el 2017 y el 2021. Entonces lo que quiere esta demanda es visibilizar un tipo de violencia sobre el cual no se ha hablado suficiente. Que es justamente la que se da en el marco del combate al crimen en donde se acepta la letalidad y el indicador mortal como un indicador de éxito y en donde se mata de manera sistemática a muchos jóvenes.

Aquí hay cinco familias muy valientes que están reclamando y que están diciendo: hay que en efecto visibilizar y revisar ese patrón sistemático de muerte que se dio contra ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Esta es la parte novedosa y es la parte más importante de esta demanda es justamente hablar de ese patrón sistemático y ver la responsabilidad no solo individuales, civiles, penales. En algunos casos, cuando se llegue a ello y además organizacionales de la misma fuerza.