"La degradación ambiental en Colombia no es principalmente un problema ecológico: es una expresión de ausencia estatal, pobreza y control territorial por parte de estructuras criminales. En nuestro gobierno, la protección ambiental dejará de ser una agenda sectorial para convertirse en una política de seguridad nacional", apunta el plan ABC, presentado durante lasegunda vuelta de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

"ABC: agua, biodiversidad y comunidades. bioeconomía, legalidad y prosperidad para Colombia: del desarrollo sostenible al desarrollo regenerativo" recoge en una veintena de páginas las propuestas que se han planteado en este ámbito y que contó con la participación de Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, entre otros expertos.

Esta será la hoja de ruta del próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, director del Programa País de la organización Conservación Internacional Colombia hasta 2025, designado esta semana por De la Espriella, tal y como anunció en la red social X. No obstante, la propuesta contempla carencias y contradicciones, según los especialistas consultados por DW.

"Plantea un consenso discursivo con el gobierno de Gustavo Petro al situar el agua, la biodiversidad y las comunidades en el centro. Sin embargo, el punto de quiebre radical está en el cómo", apunta a DW Santiago Rivera, experto en política pública.

"La propuesta se centra sobretodo en el tema de la deforestación, en medidas de seguridad nacional, con acciones policiales", dice a DW Francisco Vera, joven defensor de los derechos humanos y activista por el clima, la justica climática y la paz. No obstante, "ni se menciona la principal fuente de deforestación de la Amazonia, que es la ganadería", explica el también fundador del movimiento Guardianes por la Vida, que lamenta que el plan ABC "plantea sobretodo un desarrollo corporativo de los recursos naturales del país y no una protección real del territorio y de las comunidades".

En este sentido, la iniciativa busca "centralizar el control de los bienes comunes por parte del Estado para transarlos en nuevos mercados", coincide el experto en política pública. "Concibe la gestión ambiental como un asunto de seguridad nacional y de inversión financiera y no en clave de garantía de derechos", lamenta.

"Es un plan de gobierno que quiere hacer énfasis en desarrollos mineros, energéticos y agropecuarios de gran escala", agrega por su parte a DW Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), al considerar que presenta diversos puntos flacos. Así, apunta que "se requiere fortalecer la capacidad de las agencias de licenciamiento, no solo operativamente, sino en incorporar nueva reglamentación aún inexistente para temas como la explotación de tierras raras o definir los límites y capacidad de carga ecosistémica para transformar áreas de sabanas naturales".

Uno de los temas que más polémica creó durante la campaña y que sigue generando debate es el desarrollo de proyectos pilotos de fracking. "Los páramos están por ley restringidos totalmente para actividades mineras o de hidrocarburos", recuerda Botero.

"Es un contrasentido prometer la protección de páramos, cuencas abastecedoras y adaptación climática, mientras simultáneamente se impulsan proyectos de fracking e infraestructura vinculada a los combustibles fósiles", asegura Rivera.

Igualmente, "en la propuesta se plantea la explotación y extracción de petróleo de combustibles fósiles cómo una manera de financiar la infraestructura climática", continúa el joven activista.

Se trata de una cuestión "pendiente en los últimos dos gobiernos”, recuerda el director de FCDS al señalar el marco de la ley de infraestructura vial verde aprobada por Colombia. "Es uno de los temas más importantes de adaptación climática: el país ha perdido gran parte de su red vial nacional y en los últimos tres fenómenos de la Niña en la última década y media", lamenta.

No obstante, la propuesta de "un fondo único de infraestructura climática que se podría sostener con 15% de las regalías del fracking es una lógica absurda", critica Manzanares al recalcar que no se puede "hablar de adaptarnos a un problema incentivando, impulsando y reproduciendo lo que produce ese problema".

Para los especialistas consultados por DW, el hecho que se aborde la biodiversidad como una "ventaja desaprovechada" plantea diversas problemáticas. "Favorece dinámicas de desplazamiento de comunidades porque, en el afán de nuevo de impulsar este negocio de bonos de carbono, facilita la compra de tierras que van acorralando a las comunidades", observa el activista.

"Desatará una competencia feroz y una mayor conflictividad con las poblaciones locales", concuerda por su parte Rivera, quien alerta sobre las consecuencias del denominado plan Destrabe Ambiental. "Detrás del eufemismo de simplificar y agilizar permisos y consultas previas, lo que realmente se propone es una desregulación que debilitará los escudos normativos de los territorios", advierte.

Aquí coincide Botero: "el punto de 'agilización' de las licencias me parece uno de los más riesgosos de todo su plan ambiental", sostiene. "Se puede convertir en un mecanismo de trámite, donde se parte de la premisa de que todo es posible bajo un supuesto de sostenibilidad", considera el director de FCDS, que apunta a las comunidades como un punto flaco del plan ABC. "No los pone en su rol y consideración político jurídica, puede ser una gran bomba de tiempo", alerta.

“El plan no menciona en ningún momento cómo participarán en esos nuevos mercados ni respeta su autonomía soberana para decidir sobre los proyectos extractivos", complementa Rivera, al lamentar que "a pesar de que el discurso califique a las comunidades como 'protagonistas', estas terminen relegadas al final del documento".

“Las comunidades en este país juegan un rol activo, de defensa de la naturaleza y los derechos ambientales y sociales de la comunidad, tanto de los grupos al margen la ley, corporaciones multinacionales que pretenden priorizar sus intereses privados y particulares sobre la protección de la naturaleza", subraya Manzanares, quien critica que en la propuesta del nuevo gobierno se las relegue a "una posición pasiva, receptora, vigilada y controlada por lo que decida el Estado".

(rr)